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Plebiscito constitucional en Chile

Ayer tuvo lugar una de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana, y en un marco pacífico y de alto civismo. Por primera vez, se consultó a los chilenos sobre la posibilidad de redactar una nueva Constitución. Como era esperado, y según lo afirmaban los principales sondeos, la opción Apruebo triunfó con un 78,2% de los votos, mientras que la alternativa Convención Constitucional lo hizo con el 78,9%.

Con este resultado, se da inicio al calendario constituyente, que tiene como siguiente hito la elección popular de los 155 convencionales el 11 de abril de 2021.

El amplio margen del triunfo del Apruebo, por sobre el 75%, marca una señal que los partidarios del Rechazo buscaban a toda costa evitar: obtener menos de un tercio de los votos. Eso generaba la impresión sicológica de que podría ser difícil lograr en la elección de convencionales un apoyo suficiente para asegurar una representación mayor a ⅓ de la Convención. Si bien se trata de elecciones distintas y una no condiciona directamente a la otra, con los resultados de ayer se vislumbra un importante debilitamiento potencial del poder de representación del oficialismo y de los partidarios del Rechazo.

Pronosticar, sin embargo, que Chile Vamos obtendría menos representantes en la Convención Constitucional que la representación actual en la Cámara de Diputados es un supuesto extremo. Más realista es que logre una representación parecida, pero la discusión constitucional probablemente se plantee de una forma distinta. La votación de ayer parece haber marcado un cambio importante en una porción relevante del votante tradicional de la derecha.

La participación electoral

Un factor relevante -y de difícil anticipación- fue la participación electoral, dada la baja concurrencia del electorado en las últimas elecciones populares, además del temor al contagio del coronavirus y a eventuales situaciones de violencia.

De acuerdo al conteo de votos -con el 99,85% de las mesas escrutadas-, la participación había sido de 7.562.173 votantes, correspondiente al 50,9% del padrón(1). Según la estimación de Data Influye, la participación probable estaba entre 8.136.835 y 9.316.620, con una participación real estimada de 8.766.540 votantes. Esto correspondía a una participación del 62,2% sobre la base de un padrón corregido de 14.090.000, con un piso de 57,7% y un techo de 66,1%. Es muy relevante destacar el carácter voluntario del voto en esta elección, a diferencia del plebiscito de salida (o ratificatorio), que contempla el voto obligatorio respecto de la propuesta del texto constitucional que genere la Convención Constitucional.

El padrón electoral chileno -antes de la inscripción automática y voto voluntario de 2009/2012- envejece a tasas bastante aceleradas y la participación electoral, hasta antes de esta elección, se mantenía baja en términos absolutos y con una mayor proporción de participación del padrón antiguo: es decir, los votantes de mayor edad votaban más y los jóvenes mucho menos. Esto llevó a algunos a hablar incluso de “dos Chiles”(2), los que siempre habían participado y los que comenzaron recién a sumarse en la elección de 2013. Vendrá luego el análisis más completo respecto de la participación etaria en el plebiscito de la jornada recién pasada.

Una muy baja participación electoral podría haber significado un riesgo para la legitimidad del inicio del proceso. Tomando en consideración el contexto de la participación de los últimos procesos electorales (con un mínimo histórico de 34,8% en las municipales de 2016), la participación en el plebiscito de ayer está mucho más cerca del piso que lo esperado.

Lo que proyectaron las encuestas

La opción Apruebo se impuso con el 78,2% de los votos, mientras que el Rechazo obtuvo el 21,7%. De acuerdo a Data Influye, el Apruebo contaba con el 69% de las preferencias y el Rechazo con el 18%, mientras que el 10% se declaraba indeciso. En las proyecciones de Criteria Research, el Apruebo lograba el 72% y el Rechazo el 19%, con un 9% de indecisos. La estimación de Activa Research mostraba: Apruebo 65,4%, Rechazo 14,3% e indecisos 9,4%.

En relación a las opciones de Convención que redactará la nueva Constitución, Data Influye proyectaba un 61,0% para la Convención Constitucional, un 21,0% para la Convención Mixta y un 13,0% de indecisos. En cuanto a Criteria Research, estimaba un 59,0% para la Convención Constitucional por sobre un 28,0% para la Mixta. Activa Research mostraba una preferencia del 56,2% por la Convención Constitucional y un 20,1% a favor de la Convención Mixta, con un 10,7% de indecisos.

Lo que viene ahora

A partir de hoy, se abre el proceso constituyente definido en la actual Constitución. Los aspectos formales indican que en enero próximo debiese cerrarse la inscripción de candidaturas para la elección de los convencionales el 11 de abril de 2021. Luego, la Convención Constitucional tendrá 9 meses para redactar el nuevo texto con la posibilidad de extender este plazo por 3 meses más. Finalmente, deberá convocarse a un plebiscito ratificatorio, el cual podría ocurrir aproximadamente en julio-agosto de 2022.

Sin embargo, existe una serie de factores de riesgo que pueden afectar negativamente el desarrollo del proceso. Entre ellos, podemos considerar el intenso ciclo electoral que tendremos en paralelo al trabajo de la Convención Constitucional. Este ciclo comienza en noviembre con las primarias para gobernador regional y municipales, y termina con la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2021 (con eventual segunda vuelta en diciembre). El fragor de las campañas electorales podría afectar el debate constitucional, impidiendo una discusión de largo plazo y sin excesiva polarización.

También está la incertidumbre sobre posibles actos de violencia que pudieran incidir en el trabajo de la Convención, forzando, por la vía de esa forma de presión, a los convencionales a decidir sobre algunos elementos de nuestra institucionalidad fundamental. Este escenario no puede descartarse, pero los datos muestran que la violencia -si bien no ha desaparecido- ha tendido a disminuir desde el punto más grave a mediados de noviembre pasado. Nuestra aspiración como país es construir una sociedad completamente libre de violencia y donde nadie pretenda justificarla o relativizar su condena. Es de esperar, por tanto, que el funcionamiento de la Convención, por una parte, se constituya en un cauce institucional del malestar social inorgánico, y, por otra, se permita su deliberación en forma sana.

Con todo, es importante señalar que, habitualmente, los países que generan una nueva Constitución no lo hacen porque esté todo bien y en un momento de calma deciden redactar otra. La evidencia histórica muestra que es la consecuencia final de una crisis grave y la aspiración de resolverla en forma orgánica. El proceso que está viviendo Chile no es la excepción. Pero si miramos procesos recientes, como los de Colombia, Sudáfrica o España, vemos que los niveles de violencia e inestabilidad con que se redactaron sus constituciones eran mayores que los que observamos hoy en nuestro país.

Sin perjuicio de lo anterior, el proceso ha establecido factores de certidumbre importantes. La regla de ⅔ para la aprobación de las nuevas normas constitucionales es la base para un consenso amplio, donde ninguna facción pueda imponer su visión al conjunto de la comunidad política. La “hoja en blanco”, que en algunos genera inquietud, debiese contrastarse con la amplia tradición constitucional de Chile, con los elementos básicos que la actual Constitución impone a la nueva y con elementos de consenso que no deben despreciarse. Sin ir más lejos, el documento generado por el grupo Conversaciones Constitucionales es una muestra de nuestra capacidad de alcanzar acuerdos amplios y definir de manera pacífica nuestras legítimas diferencias.

La composición de la Convención Constitucional y el equilibrio de fuerzas que en ella se refleje son todavía inciertos y no habrá absoluta claridad sino hasta la noche del 11 de abril cuando se declaren los resultados de la elección. Pero al haberse resuelto usar el mismo mecanismo proporcional utilizado para la elección de diputados, se reduce de manera importante la incertidumbre: la composición no debiese variar significativamente de la actual Cámara de Diputados. Es decir, nadie podrá aspirar a obtener ⅔ y controlar totalmente la redacción de la nueva Constitución. Se generará, así, lo que algunos llaman un “consenso entrecruzado” (siguiendo el concepto de John Rawls).

Otros elementos de certidumbre contemplados en las reglas del proceso son la posibilidad de que ¼ de los convencionales presente un reclamo a la Corte Suprema por incumplimientos de procedimiento y el hecho de contar con un reglamento de la Convención que deberá ser aprobado por ⅔. Resulta altamente improbable que cualquier fuerza política controle más de ¾ de la Convención para permitir incumplimientos graves de procedimiento, y el reglamento debiese resolver la pregunta todavía abierta de si deberá existir o no una votación final de la nueva Constitución en su conjunto y cuál será el quorum de esa eventual votación final.

Por otro lado, el texto sometido a votación en el plebiscito de salida deberá respetar elementos fundamentales: el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta última categoría contempla una amplia gama de instrumentos, tales como los tratados sobre derechos humanos, tratados de libre comercio y acuerdos económicos celebrados con otro países. Por último, está el plebiscito de salida, donde se ratificará o rechazará la nueva Constitución propuesta por la Convención Constitucional.

Desde un punto de vista más sustantivo, es probable que la nueva Constitución recoja elementos de la larga tradición democrática y constitucional de nuestro país -como ha ocurrido en otros procesos constituyentes a lo largo de nuestra historia-, lo que se sumaría a las definiciones claves que se adopten en el seno del órgano constituyente respecto de los aspectos más fundamentales que definen a nuestra sociedad. Probablemente, esta eventual nueva Constitución no sea un texto perfecto, pero será la base de una visión compartida, el reflejo de nuestros acuerdos y la expresión de nuestras diferencias legítimas. El proceso genera la oportunidad de revisar aspectos sustantivos de nuestra convivencia que hoy no están adecuadamente resueltos: qué régimen de gobierno permite una mejor gobernabilidad y cómo equilibrar mejor las fuerzas del Congreso y el Ejecutivo; qué derechos debemos garantizarnos a todos y cómo tutelar su ejercicio; cómo asegurar el respeto de los preceptos constitucionales de la nueva Constitución y cómo lograr condiciones jurídicas básicas que permitan el crecimiento económico y el bien común, entre muchos otros.

(1) El padrón electoral formal corresponde a 14.796.197 electores. La cifra de 14.090.000 se calculó restando la nómina de votantes inhabilitados.
(2)  Huneeus, Cristóbal, Lagos, Marta y Díaz, Antonio. Los dos Chiles. Controversias del voto voluntario e inscripción automática: los que no votaron y quiénes decidieron por ellos. Catalonia, 2015.

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